Araujo & Asociados Blog

Guía práctica ante el despido

Sun, 30 Aug 2020 22:07:34 GMT

10 TIPS ante un hipotético despido

1 .- Lo primer que tenéis que hacer cuando os despidan es leer atentamente lo que os den para firmar.

Con los nervios de la situación, la confianza en tu ex-jefe, los engaños de éste, el lógico atolondramiento que se deriva de una decisión de despido, digo con esas circunstancias muchas veces la gente firma sin sabe r lo que tiene entre manos. Y esa es una situación nefasta, ya que la firma nos vincula e impide en muchas ocasiones la interposición de posteriores acciones judiciales.

2. - Una vez que hemos leído la carta, podemos firmar, pero antes pondremos siempre NO CONFOR ME.

En el caso de no poner “no conforme”, en algunos casos, y según el juzgado que nos toque (es decir no siempre es igual) será imposible demandar.

3.- Una vez que nos despiden tenemos de PLAZO 20 días hábiles para la demanda por despido.

En el caso de reclamación de cantidades de dinero , disponemos de plazo 1 año .

Previamente a demandar es obligatorio interponer una papeleta de conciliación en el SMAC, para intentar llegar a un acuerdo sobre la reclamación interpuesta.

La interposición de la papeleta interrumpe el plazo de 20 días. Una vez celebrada la conciliación se reanuda el plazo (es decir nos quedarían 20 días, menos el tiempo invertido entre el despido y la presentación e la papeleta de conciliación).

Hay que asistir a la conciliación. Si no se asiste, la papeleta interpuesta no interrumpe plazos, lo que quiere decir que seguramente ya haya caducado la acción el día de la conciliación.

4.- Si no llegamos a una cuerdo de conciliación hay que interponer una demanda de despido ante el juzgado (en los 20 días menos el tiempo invertido en intentar la conciliación).

5.- Presentada la demanda el Juzgado nos citará a juicio . El plazo desde que se interpone la demanda hasta que nos citan varía mucho según el Juzgado.

6.- El día del juicio sí que tenemos que llevar toda la prueba que tengamos, incluidos testigos.

Hasta 5 días hábiles antes del juicio se puede pedir prueba. Pero las pruebas se puede reclamar desde la presentación de la demanda, por lo que es interesante que a esa fecha le digamos a nuestro abogado con que testigos podemos contar, o que documentos podemos pedir a la empresa para acreditar los hechos en los que nos apoyemos.

7.- IMPORTANTE: referente a las pruebas para aportar valen las grabaciones de nuestras conversaciones. Es decir lo que grabes a tu jefe con un móvil, es admisible.

8.- Después del juicio, viene la sentencia . Podemos ganar o perder. Es decir, aquí no hay empates. O todo o nada.

En despidos, la empresa (salvo despido discriminatorios y que vulneren otros derechos fundamentales), si pierde, decide sobre si nos readmite o nos abona la indemnización de 33 días por año (45 días por el tiempo de antes de febrero de 2012).

9.- Última negociación antes de juicio . Si bien antes del juicio se intenta la última negociación, que siempre es recomendable. Ir preparado para ello.

10.- Obtenida sentencia , si es favorable a nuestra demanda, y si la empresa no paga, tenemos que intentar cobrar, buscando bienes de la sociedad. Si la Empresa no tiene nada conseguiremos lo que se llama su insolvencia y tendremos que ir a cobrar al FOGASA (Fondo de Garantía Salarial).

En todos estos trámites hay detalles importantes que solo un especialista en Laboral conoce. Por este último motivo, querer ahorrarse el Abogado Laboralista puede salirte caro y al final perder dinero.

CUÉNTANOS tu caso, y te diremos si de verdad necesitas un Abogado.

Novaciones por cláusula suelo: otra sentencia de Europa a favor de los consumidores

Mon, 13 Jul 2020 06:19:33 GMT

Nuevamente tiene que ser Europa quien venga a enmendar a nuestro Tribunal Supremo en una cuestión relacionada con los derechos de los hipotecados

Terminamos de conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la validez de los acuerdos “banco-cliente” firmados para suprimir de los préstamos hipotecarios la cláusula suelo, pero que, en un gran porcentaje de los casos suponía no recuperar el dinero pagado de más e, incluso, renunciar a poder realizar acciones judiciales posteriores reclamando ese dinero.

Esta sentencia marca un antes y un después para los afectados por la cláusula suelo en España, pues deja abierta la puerta a poder reclamar ese dinero que pagaron de más por está clausula abusiva. Hasta ahora los afectados lo tenían complicado ya que en esos acuerdos entre “banco-cliente”, se obligaba a la renuncia por parte de los consumidores de acciones legales posteriores.

Favorablemente para los consumidores en esta sentencia, si la entidad financiera no explicó a sus clientes las consecuencias de la firma de ese tipo de novaciones o acuerdos, deben considerarse nulos y, por tanto, el consumidor afectado por la cláusula suelo podrá iniciar las acciones de reclamación pertinentes para recuperar todo el dinero que pagó de más por esa cláusula abusiva en su hipoteca.

Estamos a la espera de que el TJUE se pronuncie sobre cuestiones prejudiciales pendientes como las costas, comisiones de apertura y gastos.

Permiso recuperable

Mon, 18 May 2020 18:36:03 GMT

¿Cómo devolver las horas?

La recuperación, hasta el 31 de diciembre, no podrá afectar a los descansos mínimos ni a las vacaciones

¿Puede la empresa obligarme a coger vacaciones durante el ERTE?

Existe la falsa creencia en el mundo laboral sobre las vacaciones por la cual la mitad del periodo puede ser escogido por el trabajador, mientras la otra mitad del debe ser determinado por la empresa. Como indicamos, está afirmación no es cierta a pesar de que su veracidad esté muy extendida entre los trabajadores.

El artículo 38.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que: “el periodo o periodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad con lo establecido en su caso en los convenios colectivos sobre planificación anual de las vacaciones.”

Por lo tanto, los días de vacaciones deberán establecerse de manera consensuada entre la empresa y el trabajador. Las empresas no tienen potestad para establecer de forma unilateral el periodo de disfrute de las vacaciones del trabajador.

¿Qué sucede si la empresa pretende imponerme el periodo de disfrute de mis vacaciones?

Ante esta decisión, hay distintas formas de reaccionar:

 Reclamación judicial.

En el caso de que la empresa imponga al trabajador el periodo de disfrute de las vacaciones, bien en la situación actual con motivo del estado de alarma, bien en otras situaciones frecuentes como en los supuesto de fin de contrato temporal o despido (cuando la empresa impone el disfrute de las vacaciones antes de la baja del trabajador), etc, los trabajadores pueden acudir directamente a los Juzgados de lo Social.

Tal y como establece el artículo 38.2, párrafo segundo, en “caso de desacuerdo entre las partes, la jurisdicción social fijará la fecha que para el disfrute corresponda y su decisión será irrecurrible. El procedimiento será sumario y preferente”.

Es decir, los trabajadores pueden recurrir ante los Juzgado de lo Social en todos los casos en los que no estén de acuerdo con las vacaciones fijadas por la empresa: supuestos de vacaciones forzosas, cuando no se haya conseguido pactar la fecha de las mismas, cuando exista desacuerdo sobre la atribución de preferencias a algunos trabajadores, etc.

El procedimiento relativo al disfrute de vacaciones se inicia directamente mediante demanda ante el Juzgado de lo Social que corresponda, no es necesario celebrar el acto de conciliación previo. Este procedimiento, que se caracteriza por ser sumario y preferente, está regulado en los artículos 125 y 126 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social. La sentencia dictada por el órgano judicial en este tipo de procesos no podrá ser recurrida ni por empresa ni por trabajador.

 Denuncia ante Inspección de Trabajo.

Al igual que sucede ante cualquier incumplimiento o ilegalidad que realice la empresa, los trabajadores, de forma directa o través de sus representantes legales (sindicatos), pueden denunciar a la empresa ante la Inspección de Trabajo de la provincia para que ésta investigue la situación.

Por lo tanto, otra vía que tiene el trabajador cuando la empresa le impone las fechas en las que disfrutará de sus vacaciones, es denunciar la situación a la Inspección de Trabajo y que sea ésta quién compruebe si la empresa está respetando las leyes o no, y, en su caso, le imponga una sanción. Como consecuencia de la sanción, en principio, la empresa no continuará imponiendo las vacaciones a sus trabajadores.

¿En qué casos sí es posible disfrutar de vacaciones durante el estado de alarma?

A pesar de todo lo indicado hasta ahora, debemos resaltar que la declaración del estado de alarma en modo alguno prohíbe el disfrute de vacaciones por parte de los trabajadores durante su vigencia.

Es totalmente legal la posibilidad de disfrutar días de vacaciones durante el estado de alarma, tanto en el caso de que hubieran sido acordadas previamente, pero también si estas fueron pactadas con posterioridad.

Como hemos pretendido reflejar en este artículo, para la fijación de las vacaciones es necesario el consenso entre las dos partes, empresa y trabajador. Por lo tanto, si dados los acontecimientos, empresa y trabajador han convenido establecer las vacaciones del trabajador en este periodo, estando el trabajador de acuerdo con ello, este pacto es del todo posible y ajustado a la legalidad.

Sin embargo, debemos de poner atención a la voluntad de las partes a la hora de fijar el periodo vacacional para poder apreciar si, en los casos de disfrute de vacaciones durante el periodo de alarma, éstas han sido impuestas por la empresa, o bien admitidas por el trabajador que entiende las especiales circunstancias del momento.

Novedades para ERTEs por coronavirus

Wed, 13 May 2020 16:02:53 GMT

RD 18/2020 de 12 de mayo

PRINCIPALES CAMBIOS:

• Se han prolongado los ERTEs por fuerza mayor como máximo hasta el 30 de junio

• Si el ERTE era total, la prórroga está condicionada a que no puedan reiniciar aún su actividad.

• Si el ERTE era parcial, podrá prorrogar aunque se haya producido una recuperación parcial de su actividad, debiéndose reincorporar los trabajadores de forma progresiva en la medida necesaria.

• En principio, las empresas que reanuden su actividad deberá mantener el empleo durante seis meses.

• En el caso de incumplir esto último, la empresa deberá devolver la totalidad de las cotizaciones exoneradas

• Las empresas en paraísos fiscales no podrán acogerse a los ERTEs por fuerza mayor.

• Tampoco las empresas en ERTE por fuerza mayor podrán proceder al reparto de dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente al ERTE, excepto si devuelven las cuotas exoneradas.

• En cuanto a las cotizaciones, las empresas que continúan en el de por fuerza mayor total y con menos de 50 trabajadores, podrán exonerar el 100 % de sus cuotas. Si tienes más de 50, exonerarán el 75%.

• Trabajadores que reiniceén su actividad:

-Para empresas y entidades que el 29 de febrero tuvieran en situación de alta menos de 50 trabajadores, o asimilados: el 85 % en mayo y el 70% en junio.

-Para las que en aquella fecha hubieran tenido 50 o más trabajadores, o asimilados, en situación de alta: el 60% en mayo y el 45% en junio.

• Trabajadores que continúen con sus actividades suspendidas:

-Para empresas y entidades que el 29 de febrero tuvieran en situación de alta menos de 50 trabajadores, o asimilados: el 60% en mayo y el 45% en junio.

-Para las que en aquella fecha hubieran tenido 50 o más trabajadores, o asimilados, en situación de alta: el 45% en mayo y el 30% en junio.

Procedimiento sancionador en las fuerzas armadas

Sun, 03 May 2020 21:15:12 GMT

Tal y como les comente en la anterior entrada ( si no la han leído les animo a que lo hagan, https://www.araujoyasociados.es/regimen-disciplinario-sancionador-en-las-fuerzas-armadas) en esta de hoy les voy a hablar sobre las sanciones que corresponden a los distintos tipos de infracción así como su regulación.

Las sanciones que pueden imponerse por faltas leves, graves o muy graves las encontramos reguladas en el artículo 11 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

- Sanciones por faltas leves

a) Reprensión*.

b) Privación de salida de uno a ocho días.

c) Sanción económica de uno a siete días.

d) Arresto de uno a catorce días**.

*La reprensión, es la amonestación disciplinaria que se hace por escrito en la hoja de servicio por parte del superior con competencia disciplinaria. Una simple amonestación verbal no constituye sanción alguna, teniendo que ser esta por escrito.

** Por arresto se entiende que es la permanencia del sancionado en su domicilio o lugar de la unidad, pudiendo este participar en las actividades de la misma. Esta sanción no implica que este pueda ser arrestado en una celda o prisión. En aquellos casos en que el arresto fuera de quince a sesenta días, la sanción consistiría en la privación de libertad del sancionado y su internamiento en un establecimiento disciplinario militar durante el tiempo por el que se imponga dicha sanción, además de no poder participar este en actividades de la unidad.

- Sanciones por faltas graves

a) Sanción económica de ocho a quince días.

b) Arresto de quince a treinta días.

c) Pérdida de destino*.

d) Baja en el Centro Docente Militar de Formación.

*La pérdida de destino conlleva que durante dos años no podrá el infractor solicitar nuevo destino en la misma unidad o, cuando la resolución sancionadora de manera motivada así lo exprese, en la misma localidad en la que se encontraba.

- Sanciones por faltas muy graves

a) Arresto de treinta y uno a sesenta días*.

b) Suspensión de empleo**.

c) Separación del servicio***.

d) Resolución de compromiso****.

*La suspensión de empleo, es aplicable únicamente a los militares profesionales. Esto supone la privación de todas las funciones propias del empleo y se establece por un periodo mínimo de un mes y máximo de un año. En aquellos casos previstos en el artículo 8.14, la suspensión de empleo será cómo máximo lo que dure la condena.

** La separación del servicio, es la pérdida de la condición militar y la baja en las Fuerzas Armadas.

*** La resolución de compromiso supone el cese en la relación de servicios profesionales de carácter temporal con las Fuerzas Armadas.

En la siguiente entrada les hablaré sobre el procedimiento que se sigue cuando un profesional de las Fuerzas Armadas en sancionado por la comisión de alguna de estos tres tipos de infracciones.

Moratoria Hipotecaria

Fri, 24 Apr 2020 01:12:57 GMT

La moratoria es un aplazamiento de las cuotas en las hipotecas de amortización gradual, durante un mínimo de tres meses prorrogables por acuerdo entre las partes, esta moratoria esta destinada a personas con dificultades para su pago como consecuencia de la crisis del COVID-19.

Cuando la moratoria no ha empezado a andar casi, cualquier conclusión puede ser prematura. Esperaremos por ello. Es una normativa que tiene bastantes novedades.

Puntos útiles para quienes tengan que aplicar en este tiempo extraordinario:

Deben tener en cuenta los deudores hipotecarios y estar bien asesorados. El legislador ha dado a la solicitud de la moratoria una gran fuerza. Es un poder a favor de la persona consumidora que ésta debe aprovechar para reequilibrar, en su beneficio y en el del mercado, las hipotecas para financiar viviendas y locales de negocio de los trabajadores autónomos.

La moratoria hipotecaria consiste en un aumento del plazo durante la que no se devengan intereses ni se incurre en mora. Consiste en una tregua para salir con fuerzas de la crisis sanitaria actual, cuyo plazo más allá del mínimo legal, debe unirse a las necesidades de las partes. Para dar un desahogo ante la situación actual, se propone un mínimo de seis meses prorrogables de acuerdo a las condiciones del deudor.

Las medidas incluyen en su ámbito a personas físicas, sean consumidoras por la vivienda habitual, empresarios, por el inmueble afectado a su actividad, o tenedores de segundas residencias arrendadas y adquiridas con la hipoteca objeto de la moratoria, se incluye también en este caso a sus fiadores y avalistas, se trata de una concesión legal que no depende de la voluntad del acreedor.

Según las circunstancias el artículo 16 del Real Decreto-ley 11/2020. De 31 de marzo, los posibles beneficiarios deben tener unos ingresos brutos por unidad familiar de un máximo entre tres y cinco veces .

También es necesario que la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, alteración que se computa de la siguiente manera: es necesario que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 % de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar y que el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3. Si el potencial beneficiario fuera un empresario persona física debe haber experimentado una caída sustancial de las ventas de al menos el 40 %.

¿Cuándo se podrá pedir la moratoria?

Los deudores, potenciales beneficiarios de la moratoria, podrán solicitarla hasta 15 días después de la vigencia del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, tal como dice su art. 13.

¿Cuáles son los efectos de la moratoria?

suspensión de la deuda hipotecaria y obligaciones contractuales durante el plazo de tres meses, de modo que los importes que serían exigibles al deudor de no aplicarse la moratoria no se considerarán vencidos (art. 13.2); inaplicación durante el periodo de vigencia de la moratoria de la cláusula de vencimiento anticipado; dejarán de devengarse intereses; obligación de formalizar e inscribir la moratoria hipotecaria; obligación de los acreedores supervisados de comunicar ciertos datos al Banco de España y, finalmente, la inscripción de la ampliación del plazo tendrá plenos efectos frente a los acreedores intermedios inscritos aunque no cuente con el consentimiento de estos (art. 13.3).

El Covid 19 y la obligación de cumplir los contratos

Tue, 21 Apr 2020 01:28:55 GMT

El Covid 19 y la obligación de cumplir los contratos de Arras o compraventa privada

La crisis sanitaria y económica provocada por el Covid va a traer consigo una masiva presentación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo ( ERTES) o, directamente, despidos objetivos por pérdidas económicas de las empresas. Esto supondrá que las personas afectadas se vean ante un futuro incierto debido a su situación de desempleo y esa circunstancia impida la obtención o el pago futuro de las hipotecas.

Está misma es una situación que preocupa a nuestros clientes y es una fuente de consulta jurídica es el de aquellas personas que, antes de la crisis, firmaron un contrato de arras o compraventa privada de una vivienda y, ahora, en la actual situación les abarca el temor de no poder hacer efectivo el pago.

¿Están obligados a la compra tras la crisis del coronavirus?

Es evidente que estamos ante una situación imprevista que nadie podía prever y por eso no se pudo incluir en ningún contrato privado que se hubiera firmado con anterioridad. Por ese motivo la aparición del Covid está originando una serie de preguntas muy frecuentes como qué pasa con los contratos de compraventa privados firmados antes de la crisis los cuales como consecuencia de la situación actual no se podrán atender, por haberse quedado la parte compradora en paro o ante un futuro incierto en cuanto a generar los ingresos necesarios para atender el pago de la hipoteca.

En principio hay que indicar que el contrato sigue vigente y que la medidas urgentes del gobierno no regulan ni va a regular nada sobre estos contratos que, en principio, hay que cumplir.

LAS POSIBLES SOLUCIONES PARA NO CUMPLIR EL CONTRATO Y RECUPERAR LAS CANTIDADES ENTREGADAS

Posiblemente el contrato privado de compraventa o el contrato de arras no prevea la posibilidad de desistir de la compra por parte del comprador o, si lo prevé, solo es a cambio de perder todas las cantidades entregadas a cuenta.

Pero, lo extraordinario de la actual situación de crisis y la imprevisibilidad de la misma, hace pensar que los Jueces pueden aplicar el principio conocido como “rebus sic stantibus” ante un repentino cambio de las circunstancias sin culpa de ninguna de las partes.

De esta forma, estás son las posibilidades de escape del comprador que, ahora, debido a la situación actual, no puede pagar el precio.

Posibilidad 1: DENEGACIÓN DE LA HIPOTECA

Probablemente, ante la situación de crisis y disminución de ingresos del comprador, muchos bancos denieguen las hipotecas para la compra. Actualmente y antes del Covid ya se estaban incluyendo en el contrato de Arras cláusulas que condicionaban el cumplimiento del contrato a la concesión de la hipoteca.

Aunque esta circunstancia no esté prevista en el contrato, es probable que un Juez la considere, de la suficiente importancia y transcendencia para que, el contrato pueda quedar resuelto, dada las circunstancias excepcionales e imprevistas sobrevenidas.

Posibilidad 2: MODERACIÓN POR PARTE DEL JUEZ

Pese a que nos proporcionen la hipoteca, es posible que vayamos a tener problemas en pagar la misma si nos hemos quedado en paro o las expectativas de ingresos, en los próximos años, son bajas por la crisis económica que se avecina.

En este caso, podría ser plenamente de aplicación el principio “rebus sic stantibus” según el cual, un Juez, a la vista de las circunstancias imprevistas y sobrevenidas, puede dispensar de la obligación de compra, moderando los efectos del incumplimiento previstos en el contrato.

Es decir, puede liberar al comprador y ordenar la devolución, al menos en parte, de las cantidades entregadas a cuenta antes de la crisis.

Posibilidad 3: UN ACUERDO CON EL VENDEDOR

La posibilidad de llegar a un acuerdo con el vendedor diversificando el riesgo ante la imposibilidad de pagar el precio en el futuro. Seguramente este acuerdo conlleve la pérdida de parte de las cantidades entregadas a cuenta por la compra, pero quedaríamos liberados de la obligación de cumplimiento del contrato.

Régimen disciplinario en las fuerzas armadas

Mon, 20 Apr 2020 11:24:25 GMT

Procedimiento sancionador en las fuerzas armadas

El régimen disciplinario militar, se encuentra regulado en la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. El presente ordenamiento hace una distinción clara entre faltas leves, graves o muy graves. Así mismo, la presente Ley, regula también el desarrollo del procedimiento sancionador, es decir, el desarrollo del expediente disciplinario y la sanción correspondiente que conlleva el cometer cualquiera de los actos u omisiones contenido en el precepto.

Ahora bien ¿Qué son las faltas disciplinarias? y ¿Quienes son los responsables de estas? Según la Ley, las faltas disciplinarias son las acciones y omisiones que se producen de manera dolosa o imprudente. Estas faltan darán lugar a la imposición de sanciones y al correspondiente expediente sancionador. Los responsables de las faltas disciplinarias son quienes realicen, por sí mismos o a través de otro, el hecho constitutivo de la infracción o cooperen con actos necesarios sin los cuales no se habría efectuado, así como aquellos que inciten a otro a ejecutarlo.

Como ya he mencionado, los tipos de faltas que hay se dividen en tres. Las faltas leves se encuentran reguladas en el artículo 6 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (el cual les dejo enlazado y les recomiendo fervientemente que lean). Dicha Ley, estable que son treinta y cinco los actos u omisiones que pueden ser susceptibles de ser sancionados, siempre y cuando no constituyan infracción más grave o delito.

Al igual que las faltas leves, las faltas graves están reguladas en la misma ley en el artículo 7 y la Ley establece en cuarenta y uno supuestos cuales son las accione u omisiones que pueden ser consideradas faltas graves. Las faltas consideradas como muy graves, son aquellas que conlleva la mayor de las sanciones pero que, al igual que los otros tipos de faltas no constituyen delito. Las encontramos reguladas en el artículo 8 y son diecisiete los supuestos que establece la ley para estas.

Algunas de las faltas leves son:

5. La inexactitud en el cumplimiento de las órdenes e instrucciones de los centinelas, fuerza armada, miembros de la policía militar, naval o aérea o de los componentes de las guardias de seguridad, en su función de agentes de la autoridad y la falta de consideración hacia ellos.

6. La inobservancia de las indicaciones o instrucciones de otro militar que, aun siendo de empleo igual o inferior, se encuentre de servicio y actúe en virtud de órdenes o consignas que esté encargado de hacer cumplir.

7. Hacer reclamaciones o peticiones en forma o términos irrespetuosos o prescindiendo de los cauces reglados.

Algunas faltas graves son:

5. Hacer peticiones, reclamaciones, quejas o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas, así como formularlas con carácter colectivo o a través de los medios de comunicación social.

6. La incomparecencia injustificada, cuando sea debidamente citado, ante los órganos competentes o los instructores de expedientes administrativos o disciplinarios, así como ocultar o alterar ante autoridades o superiores el verdadero nombre, circunstancia o destino o hacer uso de documento que no corresponda a su persona.

7. Organizar, participar o asistir a reuniones clandestinas o no autorizadas que se celebren en unidades militares.

Algunas de las faltas muy graves son:

6. Omitir por imprudencia la adopción de las medidas a su alcance para evitar o perseguir la infracción por sus subordinados de los deberes establecidos por el derecho internacional aplicable en los conflictos armados.

7. Durante la actuación de las Fuerzas Armadas en supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, no prestar el auxilio posible a los ciudadanos que se encuentren en grave peligro o incumplir reiteradamente un deber militar para evitar un riesgo propio.

8. Estar embriagado o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el desempeño del servicio o de forma reiterada fuera de él.

En la siguiente entrada les hablaré sobre las sanciones que conllevan los distintos tipos de infracción y su correspondiente regulación.

Tarjetas Revolving

Tue, 14 Apr 2020 23:45:28 GMT

Reclamación a bancos por Tarjetas Revolving

El Tribunal Supremo ha sentado las bases para saber si una tarjeta de crédito con pago aplazado o una tarjeta revolving se pueden considerar usurarias, mediante sentencias de 25 de noviembre de 2015 y 4 de marzo de 2020.

Requisitos para considerar la usura en Tarjetas Revolving

Muchos de los clientes a los que atendemos actualmente en Araujo & Asociados, acuden a nosotros para saber qué requisitos se deben cumplir para que una tarjeta de crédito con pago aplazado o una tarjeta revolving se considere usuraria.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Represión de la Usura de 1908 y la interpretación que de la misma hace el Tribunal Supremo, una operación de crédito debe considerarse usuraria cuando se haya estipulado un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

El porcentaje que hay que tener en cuenta para saber si el crédito es usurario es el de la TAE (Tasa Anual Equivalente), que se calcula incluyendo todos los costes asociados al crédito que va a tener que soportar el acreditado o prestatario y no solo el interés, es decir, toma en consideración las comisiones y los intereses.

Partiendo por tanto del porcentaje de la TAE, para saber si supone un “interés notablemente superior al normal del dinero” , se puede acudir a las estadísticas que publica el Banco de España, y dentro de ellas, se debe escoger la categoría más específica y que más coincidencias tenga con la operación de crédito que se cuestiona (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.).

La comparación entre la TAE y las estadísticas del Banco de España hay que realizarla respecto al momento en el que fué suscribió el crédito, y comprobar cuál es la categoría de estadística que más se ajusta al caso, con el fin de valorar si la TAE es notablemente superior al interés normal del dinero.

Para saber si debe considerarse notablemente superior, podemos tomar como referencia los supuestos de las dos sentencias del Tribunal Supremo que a continuación citamos, pues en ambas se consideró que lo eran.

Últimas sentencias contra tarjetas revolving

En el primero de los casos (sentencia de 25 de noviembre de 2015), la TAE ascendía al 24,6 % y se comparó con el interés medio según las estadísticas de las operaciones de crédito al consumo, que era ligeramente inferior a la mitad de dicha TAE. Esta estadística pertenecía a una categoría más amplia, la de los créditos al consumo, que es más favorable para el acreditado, puesto que arroja porcentajes más bajos y por tanto existe más diferencia con la TAE a comparar. En este caso se consideró que superar en algo más del doble la estadística de referencia era usura, por ser el interés estipulado notoriamente superior.

En el segundo de los supuestos (sentencia de 04 de marzo de 2020), la TAE era del 26,82 % y se compara con una estadística más específica que contempla solo los datos de tarjetas de crédito con pago aplazado o revolving, en este caso algo superior al 20 %, y por tanto, menos favorable a efectos de la comparación al existir menos diferencia. Sin embargo, y a pesar que la diferencia no era tan grande (26,82 % frente a 20 %), en este caso el Tribunal Supremo también consideró que se había estipulado un interés notablemente superior al normal del dinero y que, por tanto, el crédito era nulo por usurario. Para ello, entre sus razonamientos expone que cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia (20 %), menos margen hay para incrementar el precio de la operación sin incurrir en usura.

Como ejemplo, si con la tarjeta se han hecho disposiciones por un total de 4.000 €, y durante la vida de la operación se ha pagado la cantidad de 5.900 € por todos los conceptos (capital, comisiones, intereses, etc.), puesto que el acreditado solo tenía que haber pagado la cantidad efectivamente recibida, la cual erán 4.000 €, la entidad tiene que devolver el exceso recibido, es este ejemplo en concreto la cantidad es 2.900 €.

En cuanto a la Usura en tarjetas de crédito , a la hora de valorar la usura, también se pueden tener en consideración las circunstancias que se dan en este tipo de créditos, ya que las personas a las que se destinan normalmente no tiene acceso a otros tipo de créditos menos caros o gravosos, y las propias características de las tarjetas revolving, con un crédito que se puede volver a disponer constantemente, y una cuotas que se pueden establecer muy bajas en comparación con la deuda pendiente, pueden alargar mucho la duración de la operación, incluso llegar al punto de convertir al acreditado en un “deudor cautivo”, como consecuencia a este funcionamiento de la operación, no se ve el momento de cancelar la tarjeta.

Por lo que se refiere al otro requisito de la Ley de Usura consistente que el interés además debe ser manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, el Tribunal Supremo ha considerado que es la entidad de crédito la que tiene que acreditar esas circunstancias y si no lo hace, se considerará usurario. La entidad tiene que demostrar que en el caso concreto se ha aplicado un interés más elevado porque concurren unas circunstancias especiales que así lo justifican, pero no sirve que se escuden en que estas operaciones tienen más riesgo de impagados porque se conceden de forma ágil y sin estudiar las garantías o la capacidad de pago de los acreditados, pues ello supone una forma de conceder crédito de forma irresponsable facilitando el sobreendeudamiento de los consumidores, y dicha actuación no puede ser protegida.

¿Se puede reclamar a los bancos por las Tarjetas Revolving?

La reclamación frente la entidad por este producto pued e ser muy viable siempre que antes se hayan valorado bien todas las circunstancias que concurren en cada caso.

¿Qué puede conseguir el acreditado si se declara usurario el contrato de tarjeta de crédito con pago aplazado o tarjeta revolving?

La consecuencia de que se declare nulo por usurario el contrato de tarjeta de crédito o de tarjeta revolving , es que la entidad tiene que devolver al acreditado la cantidad que exceda de importe efectivamente prestado, es decir, el acreditado solo tiene la obligación de pagar la cantidad que le han dejado, y si ha pagado una cantidad superior la entidad tendrá que devolvérsela.

Otro de los beneficios que puede conseguir el acreditado es la cancelación de la tarjeta, pues la nulidad del contrato impedirá la aplicación de esas condiciones que por su propia configuración alargan mucho la duración de la operación, y que como decíamos pueden convertir al acreditado en un “deudor cautivo” que no ve el momento de cancelar la tarjeta.

Son diversas las circunstancias en las que una persona se puede ver afectada por microcréditos, tarjetas revolving o préstamos personales.

Recurrir al asesoramiento garantiza que tus intereses sean respetados al máximo dentro de lo que la ley permite.

Puedes contactar con nosotros y dejarnos que te ayudemos.

¿Cuánto y cuándo voy a cobrar el paro por un ERTE?

Mon, 13 Apr 2020 03:15:26 GMT

Muchos son los trabajadores que se han visto afectados por un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), consecuentemente tienen derecho a cobrar la prestación por desempleo. Conoce aquí las diferentes cantidades del subsidio y las fechas clave.

¿Cuánto voy a cobrar el paro por un ERTE?

La cantidad de la prestación por desempleo, el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, de la Ley General de la Seguridad Social , establece en el Artículo 339 que la cuantía por desempleo se calculará aplicando a la base reguladora un 70% durante los seis primeros meses y, después, el 50% hasta el fin de la prestación.

Tras la declaración del estado de alarma en el país por la crisis sanitaria consecuencia del coronavirus, se han aplicado en España múltiples medidas para tratar de contener los contagios, por lo que muchas empresas se han visto forzadas a cerrar y sus trabajadores han sido incluidos en un ERTE. Para atenuar el impacto económico que conlleva esta situación, el Gobierno aprobó una serie de medidas entre las que se incluía que los trabajadores afectados por un ERTE pudieran cobrar la prestación por desempleo, indistintamente del tiempo cotizado.

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, sobre las medidas para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria, se establece que cuando el trabajador no tenga el periodo cotizado necesario, la cuantía del paro "será equivalente al 70% de la base mínima de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos".

La cantidad máxima de esta prestación por desempleo será del 175% (1.098,09 euros) del indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM). Este porcentaje aumentará hasta un 200% (1.254,96 euros) en caso de que el trabajador tenga un hijo y hasta el 225% (1.411,83 euros) en caso de que tenga más de uno. En a la cantidad mínima será del 80% (501,98 euros), cuando no tenga hijos y, en caso de tenerlos, el 107% del IPREM (671,40 euros).

¿Cuándo se cobrará?

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en una situación normal, tiene la obligación de hacer efectivos los pagos de la prestación por desempleo entre los días 10 y 15 de cada mes, ingresando la parte correspondiente del mes que el trabajador lleve en paro.

Pero ante la situación actual y la avalancha de solicitudes, puesto que miles de trabajadores se han visto afectados al mismo tiempo, el SEPE se ha visto colapsado y es posible que los pagos no se efectúen entre el 10 y el 15 de este mes de abril.

Aceptación de una herencia

Tue, 25 Feb 2020 16:14:34 GMT

Cuestiones esenciales antes de aceptar una herencia

El Derecho de sucesiones en España, se regula esencialmente por el contenido del Código Civil en esta materia, con las especialidades de las leyes específicas de las comunidades autónomas gallega, vasca, navarra, catalana, balear y valenciana.

Es importante saber que cuando una persona, sea natural o jurídica, acepta una herencia, lo hace de forma irrevocable, es decir, no puede dejar sin efecto su voluntad posteriormente. Y que la aceptación pura y simple, hace al heredero, no sólo dueño de los bienes y efectivo que recibe, sino también responsable de todas las cargas de la herencia. Y lo que es más importante, es que va a responder, además de con los bienes que reciba de la herencia, con los suyos propios, tanto los presentes, como los que pueda tener en un futuro hasta que queden saldadas esas cargas. Así, por ejemplo, si aceptamos la herencia de una persona fallecida "llamada causante" que tenía un patrimonio de 100.000 euros, y unas deudas por 500.000 euros, la aceptación pura de la herencia convierte al heredero responsable con sus bienes del pago de tales deudas. Es decir, no hay una limitación alguna en la responsabilidad, y el patrimonio del causante y del heredero se confunden para responder frente a cualquier acreedor.

¿Puedo renunciar a la herencia?

Sí, la renuncia -técnicamente llamada “repudiación”- es un acto libre en virtud del cual, una persona llamada a heredar, manifiesta su voluntad de no ser heredero, siendo llamado otro posible heredero que figure en el testamento, o caso de no existir éste, a quien corresponda heredar de acuerdo con lo dispuesto por la Ley. Se trata de un acto irrevocable.

¿Qué ocurre si renuncio a la herencia en favor de un coheredero?

En este caso, aunque la renuncia sea a título gratuito, es decir, sin recibir nada a cambio, también se entiende aceptada.

¿Por qué me puede interesar renunciar a la herencia?

Fundamentalmente, porque tengamos conocimiento de que el causante tenía deudas, ya que la aceptación pura de la herencia nos haría responsables del pago de las mismas con nuestros bienes.

¿Cómo podemos prevenir nuestra futura responsabilidad personal en el pago de las deudas que tenía contraídas el causante?

El Código Civil, ante este riesgo, creó la figura denominada “aceptación de la herencia a beneficio de inventario”, a la que puede acogerse cualquier heredero aunque el causante lo prohibiera en su testamento. Se trata de una oportunidad que pone la ley en disposición del heredero para que pueda aceptar la herencia manteniéndola separada de su propio patrimonio, a todos los efectos legales, hasta que se hayan pagado a todos los acreedores conocidos. Se evita así la confusión entre los patrimonios del causante y el heredero. Se rata pues, de una medida para proteger los intereses de los herederos.

¿Qué beneficios obtengo si acepto la herencia a beneficio de inventario?

Son tres:

1) Sólo respondo de las deudas hasta donde alcancen los bienes que heredo;

2) Si tuviera algo que reclamar al causante, conservo la posibilidad de hacerlo, y de poder cobrar de los propios bienes de la herencia, y

3) No hay confusión alguna del patrimonio del heredero con el del causante para pagar las deudas de éste.

¿Tengo algún plazo para aceptar la herencia a beneficio de inventario?

Sí, dentro de los diez días siguientes a aquel en que se supiere ser tal heredero, si reside en el lugar del fallecimiento del causante. Si residiere fuera, el plazo es de treinta días.

¿Cómo puedo aceptar la herencia a beneficio de inventario?

Bien ante notario, o por escrito ante el Juez que sea competente para conocer el procedimiento de testamentaría. En caso de residencia en el extranjero, se puede hacer ante el agente diplomático o consular de España que esté habilitado para ejercer las funciones de notario en el lugar del otorgamiento.

Además, es imprescindible solicitar la formación del inventario y la citación a los acreedores y legatarios para que acudan a presenciarlo si les conviniere.

¿Puedo perder el beneficio de inventario aun habiendo aceptado la herencia con tal condición?

Sí, en estos supuestos:

a) Si voluntariamente dejo de incluir alguno de los bienes, derechos o acciones de la herencia -por ejemplo, la de reclamar a un inquilino moroso por el impago de la renta de un inmueble alquilado por el causante-,

b) Si antes de realizar el pago de las deudas y los legados vendo bienes de la herencia sin autorización judicial o la de todos los interesados, y

c) Si obtenida la autorización judicial, no destino el precio a la aplicación determinada al concederle la autorización.

¿Quién soporta los gastos judiciales del inventario y los de administración de los bienes?

Lo soportan los bienes de la propia herencia, no los personales del heredero que solicita acogerse al beneficio de inventario.

¿Por qué es aconsejable acudir a un abogado?

Porque nos asesorará en la defensa de nuestros intereses, que pueden ser contrarios a los de otros herederos, y porque nos guiará en el proceso de aceptación, repudiación, o aceptación de la herencia a beneficio de inventario.

LEY SEGUNDA OPORTUNIDAD

Sun, 09 Feb 2020 23:00:00 GMT

Cuestiones esenciales para saber si te interesa y puedes acogerte a la Ley de Segunda Oportunidad

Hasta la entrada en vigor el 30 de julio de 2015 de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad , reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, en España no existía ninguna herramienta legal que permitiera a una persona natural exigir que le liberaran de sus deudas una vez liquidado ordenadamente su patrimonio, pues el deudor respondía de sus obligaciones con todos sus bienes, presentes y futuros, es decir, que aun habiendo vendido, subastado o liquidado todos sus bienes, los acreedores podían esperar y continuar con sus reclamaciones por si en el futuro el deudor tenía nuevos bienes que embargar.

Esta rigidez de la regulación anterior a la Ley de mecanismo de la segunda oportunidad, hacía que aquellas personas que habían contraído deudas importantes que no podían pagar, se vieran destinadas a mantenerse en la economía sumergida para el resto de sus vidas, de forma que no podían tener bienes a su nombre, ni saldo en las cuentas bancarias, y si accedían a un trabajo, prestación o pensión, ésta se podía embargar por sus acreedores.

Con la publicación de la Ley de segunda oportunidad, este estricto régimen que se venía aplicando en España durante siglos, se ha flexibilizado permitiendo ahora que el deudor pueda obtener el finiquito y cancelación de todas sus deudas, si cumple determinados requisitos y si antes pasa por el procedimiento establecido en este novedoso mecanismo.

Veamos qué preguntas debemos responder para saber si podemos acogernos a la segunda oportunidad, y si nos interesa.

¿Quién puede acudir al mecanismo de la segunda oportunidad?

Toda persona natural, ya sea autónomo, emprendedor, trabajador por cuenta ajena, jubilado o desempleado, siempre que haya liquidado primero todo su patrimonio y pueda considerarse “deudor de buena fe”.

¿Cómo se debe liquidar el patrimonio?

El patrimonio se debe liquidar a través del concurso de acreedores de la persona natural, que consiste en un procedimiento judicial en el que sus bienes se venderán, subastarán y harán las daciones en pago si se da el caso, y se pagará a los acreedores de forma ordenada.

En el supuesto de que el valor de los bienes sea presumiblemente inferior a los pagos que se deberían hacer durante la tramitación del concurso, no será necesario realizar la liquidación, sino que se terminará el procedimiento por la llamada “insuficiencia de la masa activa”. Este supuesto se suele dar cuando los bienes de la persona son escasos y de poco valor.

¿Qué es eso del “deudor de buena fe”?

Se trata de aquellas personas que cumplen los requisitos que establece la Ley de segunda oportunidad, que son los siguientes:

1º.- Que el concurso no haya sido declarado culpable, o que el juez considere que aun así no ha habido dolo o culpa grave del deudor. Para que se declare culpable el concurso el juez debe tener razones de peso, como por ejemplo que el deudor haya realizado actos encaminados a ocultar sus bienes para evitar que respondan de sus deudas.

2º.- Que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso.

3º.- Que haya celebrado o al menos intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos cuando sea procedente.

4º.- Que se hayan satisfecho determinados créditos, para lo cual es posible establecer un plan de pagos que por un plazo máximo de cinco años desde que termina el concurso y sin intereses. En este último caso, se requerirá además que:

• Que no haya incumplido sus obligaciones de colaborar durante la tramitación del concurso.

• Que no haya obtenido este beneficio de la segunda oportunidad dentro de los diez últimos años.

• En caso de desempleados, que no haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores una oferta de empleo adecuada a su capacidad.

• Que acepte que la obtención del beneficio de la segunda oportunidad se haga constar en el Registro Público Concursal por un plazo de cinco años y cuyo acceso está limitado a quien acredite tener un interés legítimo.

¿Podré disponer de mi sueldo, prestación o pensión para pagar mis gastos mientras dure el procedimiento?

Sí. De las primeras cosas que se harán en el procedimiento es asignar lo que se conoce como los “alimentos del deudor” que como mínimo deberá respetar la parte inembargable del salario, prestación o pensión, y que incluso podrá ser superior si se justifican las concretas necesidades personales y familiares que debe soportar el deudor.

¿Podré asumir los costes del procedimiento?

Antes de aventurarse a acudir al mecanismo de la segunda oportunidad, hay que hacer una valoración de todas las deudas que tiene la persona para saber qué créditos va a ser necesario satisfacer como mínimo y estimar los costes del concurso.

Generalmente, en aquellos casos en los que la persona tiene una fuente de ingresos (salario, prestación o pensión), podrá atender estos gastos, si bien puede ser necesario acudir al plan de pagos al que nos hemos referido anteriormente al hablar del “deudor de buena fe” que puede ser de hasta cinco años y sin intereses.